viernes, febrero 18

Marta Sanchís: "Los menores que huyen de conflictos son exiliados políticos, no inmigrantes" La responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona advierte que estos menores quedan en un limbo legal que lleva a muchos a la

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Marta Sanchís: "Los menores que huyen de conflictos son exiliados políticos, no inmigrantes"

La responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona advierte que estos menores quedan en un limbo legal que lleva a muchos a la indigencia

Marta Sanchís, responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona Càritas Diocesana

Vida | 18/02/2011 - 12:18h Meritxell M. Pauné Redactora de la sección Barcelona   

La psicóloga Marta Sanchís coordina el programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona, que vela por el derecho infantil a una vida digna y segura. A través de los padres, que son los que suelen acudir a la entidad, previene y palia los estragos de la pobreza infantil, dirige hacia los circuitos públicos de protección los casos de violencia y denuncia las redes delictivas que explotan menores y mujeres. Vaticina que 2011 será un año duro para muchos más niños y niñas, debido a la crisis y en especial a la retirada a sus progenitores del subsidio estatal por desempleo.

Más de un tercio del total de personas atendidas por Càritas en Barcelona este 2010 han sido niños y adolescentes. Sin embargo, no se visibiliza que haya un problema de pobreza infantil en la ciudad.
Una parte de la infancia pasa desapercibida y es invisible a ojos de los adultos, porque al no ser autónoma le cuesta tener voz propia. Como les pasa a algunas personas mayores, si los adultos que le rodean no visibilizan su precariedad o que vive una situación de especial dificultad, cuesta que ese menor reciba la atención necesaria. Por eso con ellos es más importante todavía trabajar en red, para detectar los casos desde las escuelas, guarderías, institutos, servicios de pediatría, servicios sociales… Debemos ser sus ojos y su voz.

¿Qué carencias sufren los niños en situación de pobreza que atiende Cáritas en Barcelona?
En primer lugar sufren escasez económica, insuficiencia de ingresos por parte de sus padres. Pero no es la única carencia, luego está la vertiente psicosocial. Por ejemplo, la falta de ingresos va siempre vinculada a la precariedad en la vivienda. De fondo suele haber un problema de paro o gran precariedad laboral en sus adultos. Otras consecuencias pueden ser el aislamiento social: hay familias migradas o autóctonas que pierden su red de apoyo o es muy pequeña; o sus familiares son pocos o tampoco disponen de recursos. También puede generar problemas de salud físicos o mentales, porque cuando se cronifican las situaciones de sufrimiento psicológico aumenta el desgaste emocional y pueden aparecer enfermedades mentales. En algunas de las familias, no en todas, se detectan también problemas en la estructura interna, con situaciones de violencia entre la pareja o maltratos a los hijos, ya sea psicológicos, físicos, sexuales o de negligencia puntual o crónica.

¿Una familia cohesionada es más difícil que caiga en la pobreza?
Sí. El factor económico es objetivo, es un umbral y estás por encima o por debajo. Pero en la medida que tienes una red relacional que puede dar más apoyo y estabilidad ante los baches, los estragos de la pobreza se amortiguan. La estructura familiar también es importante. Imaginemos una pareja con hijos en la que los dos adultos están en el paro, quizás de forma crónica. Si hay un apoyo mutuo y la relación es fluida, será más fácil salir de esta crisis. Si hay ciertas fracturas, aunque sean desencuentros que no lleguen a la violencia, se hace más difícil. Y las familias monoparentales aún lo tienen más difícil, necesitan mucho más a su red relacional. Son las catalogadas como más vulnerables, tanto por las entidades sociales como por las administraciones. La mayoría de las que atendemos son mujeres con hijos a su cargo, bajo irregularidad documental y con difícil incorporación al mercado laboral.

¿Es frecuente que no pidan ayuda?
No, pedirla la piden. Pero a veces estamos superados. El volumen de demandas es superior al apoyo que podemos dar, nosotros y la administración. Las demandas estrella son vivienda, trabajo y ayuda económica. Pero en estos momentos no hay empleos disponibles, el mercado de la vivienda todavía está como está y las ayudas son limitadas. Las damos a cambio de planes de trabajo, es decir, del cumplimiento de unos objetivos de mejora que la familia ha consensuado previamente con un educador o trabajador social. Sin estos planes crearíamos relaciones de dependencia que no llevan a nada.

¿Habéis distinguido colectivos específicos, dentro de la bolsa genérica de pobreza infantil en Barcelona?
Sí. Un primer grupo son los de edad más temprana, de cero a tres años, nacidos en familias monoparentales encabezadas por mujeres que deben buscar trabajo o viven bajo grave explotación laboral. Sufren la insuficiencia de plazas públicas de guardería, no pueden optar a ellas por irregularidad documental de la madre o no pueden pagar los costes de un centro privado. Estos bebés están en desventaja evolutiva frente a los hijos de familias con recursos, porque no reciben los mismos estímulos y atenciones. Tras este grupo habría otro de más edad, de entre 4 y 12 años, que gracias a la escolarización consiguen más visibilidad que los bebés. En algunas familias que acaban de llegar de otro país tardan un cierto tiempo a escolarizar a su hijo, lo que abre un paréntesis de invisibilidad sobre su situación. En otros casos la escolarización es problemática por varios motivos. Un ejemplo habitual son las preadolescentes de unos 12 años que en su cultura de origen ya se consideran mujeres casi adultas y asumen roles de cuidado de los hermanos menores. Sus padres cuestionan la necesidad de mantener la escolarización y a veces 'desaparecen' en el salto de Primaria a Secundaria.

Luego están los adolescentes y jóvenes.
Destaca el colectivo de menores que han emigrado solos –los 'Meinas' [Menores Indocumentados No Acompañados], en la nomenclatura de los servicios sociales–. Estos chicos quedan muy desamparados y algunos de ellos en el limbo legal. Llegan con documentación de sus países de origen donde constan como menores, pero cuando los equipos de atención de calle los detectan y los ponen en conocimiento de la Fiscalía de Menores y DGAIA, les hacen pruebas radiológicas en la muñeca y se les considera mayores. Esta problemática la tenemos a tungadas y desde hace 4-6 meses hemos vuelto a detectar un incremento de casos. DGAIA les deniega la tutela porque según la Fiscalía son menores.

¿Qué hacemos con estos chavales, pues?
Los circuitos de protección públicos no los atienden, pero tampoco podemos colocarles en una pensión u hostal, ni con intermediación nuestra, porque no admiten a menores de edad y en su documentación consta que aún lo son. O cuando solicitan algún tipo de recurso para urgencias y emergencias, tampoco se los acepta por lo mismo. Hasta cumplir la mayoría de edad documental puede que tarden un año, o tres meses, o un año y medio, depende de cada joven. Y durante este tiempo, muchos de ellos caen en la indigencia. Y esto es muy grave, porque no sólo implica dormir en la calle, sino tener muchas posibilidades de caer en consumos de diferentes tipos de tóxicos (pegamento, alcohol, droga de síntesis, cannabis…), relacionarse con redes organizadas que delinquen, redes de prostitución… Tan jóvenes, sin referentes familiares y con un alto grado de aislamiento social, acaban desarrollando problemas de salud y degradación muy fuertes.

Pese al poco eco mediático que ha tenido este colectivo, ha tomado forma el estereotipo de chico subsahariano, de unos 17 años, que duerme en plaza Catalunya o Ciutat Vella. ¿Éste es el perfil mayoritario?
Es el más frecuente, pero no el único. Desde 2005 también llegan chicas, algunas de Rusia o de Europa del Este, pero la mayoría de África subsahariana. El conocimiento que tenemos de estos adolescentes lo vamos construyendo a medida que conocemos más casos. Sabemos, por ejemplo, que un grupo muy notable viene de Nigeria. En el caso de las chicas, inician su proceso migratorio a través de redes de prostitución encubiertas. Algunas saltan a Europa desde Marruecos. Desde el principio del viaje ya se las somete a explotación sexual, amenaza y coacción. La amenaza fundamental es que su familia sufrirá represalias en el país de origen, por violencia directa y magia negra. Esto tiene mucho peso para ellas. Y la otra amenaza indirecta son los castigos ejemplares. Si una de las chicas se desvía un poco de las directrices de la red, ya no denunciando, sino sólo desviándose, recibe un castigo brutal, desmesurado.

En los casos de explotación y redes de extorsión quien debe investigar es la policía.
Pero la administración y las entidades privadas también tenemos un papel importante, aportamos conocimiento sobre las redes y socializamos la información que recibimos cada día. Los relatos que hemos oído sobre su proceso migratorio es un conocimiento valioso para aquellos que investigan. La invisibilidad de estas chicas es casi absoluta, pero de vez en cuando llega alguna y verbaliza algún indicio. Incluso podemos hacer pequeñas intervenciones, en función del margen que permite la propia usuaria. No podemos ir más allá de lo que ella decida, no podemos forzarla a cursar una denuncia. Además, la mayoría no facilitan un domicilio ni un teléfono de contacto o los que dan son falsos, para no ponerse en peligro.

¿Qué podéis hacer por una mujer explotada que no denuncia?
Asesorarla y explicarle que hay alternativas. Después ella tomará sus decisiones. Por ejemplo, hace unas semanas nos llegó una mujer que sospechamos que está dentro de una red de prostitución. Nos comentó que buena parte de los hijos que tienen [las chicas de la red], son enviados a otro país, como por ejemplo Italia, con la promesa que allí les cuidarán mejor. Se da una separación madre-bebé. Ellas trabajan muchas horas al día, a veces incluso las obligan a recibir a los hombres en el mismo piso donde viven y por lo tanto los pequeños 'estorban' a la red. Presionan a la mujer diciéndole que aquí no puede cuidar de su hijo, que se lo entregue y lo llevarán a tal país, donde tienen familias de acogida o una gran casa. La realidad es que estos niños acaban también en organizaciones de explotación infantil, porque las redes están interconectadas. A aquella mujer le explicamos que si no puede cuidar de su hija en este momento debe saber que existen una serie de recursos públicos a los que puede acceder. Si la red la está presionando para que entregue al bebé, al menos ahora sabe que no es la única salida, que hay otras.

¿Qué atención reciben de la Generalitat de Catalunya estos menores no acompañados?
Entran en el circuito de protección de DGAIA, que tiene una primera fase de urgencia en la que se les acoge 'de facto' en equipamientos básicos (alojamiento y manutención). En la segunda fase de les da plaza en un Centro residencial de acción educativa (CRAE), donde un equipo de profesionales les ayuda a elaborar un plan de trabajo en salud, formación, inserción laboral, lengua…  El problema es que cuando cumplen los 18, pese a que la Generalitat dispone de un departamento de apoyo a jóvenes extutelados, la bolsa de pisos a los que se les traslada es inferior a la demanda y las familias de acogida escasean. Hay un colapso, una lista de espera enorme. El principal problema del circuito de DGAIA es que le faltan recursos, no sólo para estos chicos sino también para los autóctonos. En último término es una cuestión de dinero.

La llegada de inmigración se ha reducido muchísimo con la crisis. ¿La llegada de menores no acompañados también?
Siguen llegando, aunque muchos menos. La información de que no hay trabajo, que la vida aquí es precaria, etcétera, les llega a los países de origen y muchos descartan venir. Y es cierto que algunas familias ya emigradas retornan, pero muy pocas, no se ha invertido la tendencia.

Alrededor de los menores no acompañados está el eterno debate del efecto llamada. Si los padres de estos menores creen que está garantizada una asistencia integral a su hijo, aunque sea básica, les animarán a emigrar solos, pese a los peligros de muerte, detención o explotación a los que les expondrá el viaje.
Aunque su situación aquí sea muy dura, aunque hubiera sido mucho peor su atención, o mucho mejor, hubieran emprendido igual el viaje porque en su país apenas podrían sobrevivir. Es por desesperación, para buscar alguna oportunidad. Si no ningún adolescente no se expone a perder la vida. Hace tiempo sí que había el bulo de que llegabas a Europa y la asistenta social te daba dinero y trabajo. Una parte de este bulo quizá sigue corriendo, pero mucho menos. Una migaja del trabajo que hacemos con los adolescentes de los centros de acogida es la relación con la familia de origen. Les ayudamos a contactar con sus padres y nosotros también hablamos con ellos, para que les llegue cuál es la realidad de su hijo aquí, para que no se creen expectativas ni imágenes idílicas. Pero no podemos obviar que las condiciones de vida aquí, por precarias que sean, son mejores que las de sus padres y de sus hermanos. Lamentablemente estarán mejor aquí, lejos, que en su hogar.

No podremos acogerlos a todos, ni sería bueno para el futuro de estos países.
No. No podemos acogerlos pero tampoco podemos impedir que sigan llegando. Es imparable. No se detendrá la tendencia hasta que no se den cambios profundos en los países de origen. Me parece éticamente deplorable que nos quejemos de la migración que llega cuando somos los países desarrollados los que estamos generando o consintiendo situaciones de pobreza y explotación en los países emisores. Hay una parte de responsabilidad que tiene que ver con las políticas económicas que hacemos. Y sabemos que detrás de muchas de las guerras está el comercio de diamantes o de petróleo, por ejemplo.

Según el informe Con techo y sin hogar, que Càritas emitió este diciembre, en Barcelona ciudad hay un 46% de familias que viven en habitaciones realquiladas. ¿Cómo es para un niño vivir en este contexto?
Fatídico. Debemos diferenciar entre los que viven realquilados pero en pisos dignos, en buenas condiciones, de los que habitan en espacios amontonados o con conflictos de convivencia entre las diferentes familias realquiladas. Éstos últimos tienden a sufrir problemas de salud, físicos o psíquicos, porque su precariedad vital puede ser angustiante. No pueden concentrarse ni estudiar; deben hacer los deberes en cualquier rincón porque el comedor y la habitación están ocupados o suena música a todo volumen; deben dormir o estudiar en la misma habituación donde su hermanito llora sin parar; llegan a adolescentes y no tienen nunca intimidad; sus padres mantienen relaciones sexuales en la misma habitación donde duermen los hijos, porque sólo disponen de ese espacio para todos… Dentro de estos domicilios a veces hay personas que sufren alcoholismo y esto genera discusiones o violencia entre adultos, que repercute en ellos. Y a veces, en especial cuando las madres no tienen red de apoyo y trabajan muchas horas, dejan los niños a cargo de quien haya en el piso, aunque no sean adultos de su plena confianza. Y esto abre la puerta a abusos sexuales y maltratos, claro.

¿Hay algún recurso público o privado que de una alternativa a las familias en esta situación?
Algunas entidades hemos generado una red de pisos de apoyo, dignos y con las condiciones de habitabilidad necesarias, que reciben la visita regular de una trabajadora social o un educador. Las propias familias realquiladas piden ayuda a asociaciones o a los servicios sociales, no se esconden. Otra cuestión es que haya los recursos para atenderlas. Las listas de espera son enormes y sin la documentación en regla no se puede acceder. Nosotros no exigimos este requisito, porque comprendemos que deja fuera precisamente a los más débiles. Les pedimos un plan de trabajo, eso sí, para que se comprometan a salir de su situación de vulnerabilidad.

Por un lado, Càritas y tantas otras entidades vaticinan un 2011 muy duro, con aún más saturación asistencial. Y por el otro lado, hace semanas que sólo oímos que las arcas públicas están vacías y se recortará un 10% el presupuesto del Gobierno catalán. Vaya conjunción.
Las demandas y las necesidades superarán en mucho los recursos disponibles. Las familias que ya estaban en situación de pobreza no saldrán de ella, porque no hay indicios de que el mercado laboral mejore este 2011. Y las que se mantenían medio, medio, gracias a la prestación por desempleo, caerán de nuevo en la pobreza. Es momento, pues, de crear el máximo de sinergias posibles entre entidades privadas y Administración. Los esfuerzos hay que ponerlos en acciones preventivas, en especial en la pequeña infancia (0-3 años) y los jóvenes, para los que no hay esperanza en este mercado laboral juvenil, con hasta un 60% de paro. Y menos para los indocumentados con poca formación, que para regularizarse necesitan una oferta laboral de un año a 40 horas semanales, algo muy, muy difícil hoy por hoy.

¿Algún colectivo prioritario?
Hay un sector de jóvenes de entre 19 y 30 años que son una bomba. Los incidentes de Salt los interpretamos como un síntoma de la pérdida de la esperanza de estos chicos. Si las familias los pueden sostener van trampeando, pero si no, aparece la impotencia, la rabia. El número de becas-salario para que se formen es del todo insuficiente. Y hacen falta mejores políticas de vivienda, porque es realmente indigno que haya tantos pisos vacíos y tantas familias en la calle. Pero no es momento de pelearnos entre entidades y Administración, al contrario, debemos caminar juntos y trabajar desde la complementariedad. Y los gastos superfluos reducirlos a la mínima expresión, eso está claro.

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La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006